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El sector financiero es un oligopolio controlado y amparado por los bancos centrales. Es decir, que su sistema no responde a criterios estrictos de mercado y es el sector con más influencia de los estados, que son los que, al fin al cabo, solicitan préstamos para realizar sus políticas. Pero ahora, tras el estallido de la crisis internacional, no es necesario que se pongan una careta: las entidades financieras dependen completamente del departamento del Tesoro y de la Casa Blanca.
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Según explica en un artículo Stuart Varney, editorialista del Wall Street Journal, el presidente de EEUU, Barack Obama, “quiere controlar los bancos”. La intención del inquilino de la Casa Blanca ha quedado confirmada tras desvelarse que está negando a algunas entidades financieras rescatadas con dinero público la devolución de los fondos prestados a través del Plan Paulson o TARP (en sus siglas en inglés).
El periodista explica que se trata sólo de un primer paso en la lucha de Obama para controlar también la principal industria norteamericana (la del motor) y la sanitaria. En teoría, el presidente pretendería con ello diseñar una recuperación económica en la que el Estado sería el principal impulsor.
Como ejemplo cita el caso de un "importante banco" norteamericano que fue recapitalizado cuando el presidente del Gobierno era George W. Bush para paliar la depreciación de activos de su balance. Posteriormente, esta entidad ha querido devolver el dinero prestado para evitar que el Estado tome decisiones sobre su gestión.
Pero Varney afirma que “el equipo de Obama dice que no e, incluso, amenaza al presidente del banco con consecuencias adversas si sigue en sus trece: se trata de una decisión política no económica”. Esta historia fue publicada por Andrew Napolitano (ex juex y analista) en el informativo de la cadena de televisión Fox News.
Detrás de este aumento del control estatal se encuentra, entre otras cuestiones, la intención de la Casa Blanca de controlar el crédito que dan las entidades financieras a las pymes. El Gobierno federal piensa dedicar 15.000 millones de dólares para reactivar el flujo crediticio, reducir comisiones y aumentar garantías de prestamos. Además, los 21 bancos más grandes de Estados Unidos que reciban dinero público tendrán la obligación de informar sobre sus préstamos a las pequeñas y medianas empresas.
Los directivos, atrapados en la tenaza de la Casa Blanca
Los directivos de los bancos ayudados por el Tesoro se están dando cuenta de que el rescate no ha resultado ser tan beneficioso para ellos. Con el Congreso mirando con lupa el caso de la aseguradora American International Group (AIG) y sus primas multimillonarias, los entidades se han percatado de que se encuentran bajo el control gubernamental.
El pasado mes de octubre los nueve mayores bancos del país no dudaron en recibir más de 100.000 millones de dólares (suma que ha ido aumentando con los sucesivos planes de rescate), pero no sabían la que se les avecinaba. Si hubieran sabido que el futuro Gobierno de Barack Obama iba a poner en marcha una serie de leyes con carácter retroactivo como está haciendo -el límite a los primas a directivos o un impuesto del 90% sobre éstos- quizá se hubieran negado.
Ahora, los bancos temen que, al igual que los legisladores han limitado los sueldos de los altos directivos, puedan hacerlo también en otros asuntos. La solución pasa por devolver los fondos del TARP antes de que sea tarde.
El coste de tener capital público es muy alto
Según la cadena norteamericana CNNMoney, las entidades IberiaBank, TCF Financial y el Singature Bank ya han anunciado formalmente a la Administración sus intenciones de devolver el dinero recibido hasta la fecha, que entre los tres suma un total de 571 millones de euros. Y no son los únicos. Varias entidades medianas siguen sus pasos y entre los grandes, PNC, US Bancorp, JPMorgan, Northern Trust y Goldman Sachs han transmitido su propósito de reembolsar hasta el último centavo lo más rápido que les sea posible.
Además del temor al control del Gobierno, a los directivos de las entidades les preocupa que el coste de contar con capital federal en sus balances sea muy elevado, cuando los bancos en general han cerrado el grifo del crédito. No desean reactivar los préstamos ante la evidencia de que muchas entidades son insolventes, tal y como afirma ahora el inversor George Soros y avanzó LD el pasado diciembre. Asimismo, algunas instituciones consideran que las restricciones a los sueldos de sus ejecutivos consideradas en el último plan de estímulo aprobado por el Gobierno dañan la imagen de las firmas.
Según informa Bloomberg.com, Goldman Sachs se encuentra en conversaciones con los reguladores de EEUU para liquidar con la Administración a mediados de abril los 10.000 millones que ha recibido del TARP. También Wells Fargo quiere quitarse de encima el dinero público. Una de las formas de poder hacerlo pasa por recortar su dividendo, lo que le ahorraría a la entidad 5.000 millones de dólares al año.
Otro que comparte este enfoque es Bank of America. Según su consejero delegado, Kenneth Lewis, el banco podría devolver los 45.000 millones recibidos a finales de 2009 y lo haría hoy mismo sino fuera por los requisitos de capitalización. Además reconoce que aceptaron demasiado dinero del TARP que no les hacía falta.
"Lo hicimos por un exceso de prudencia, porque no puedes saber cómo de mal pueden ponerse las cosas, pero fue un error y provocó que se nos considerara de una forma que no merecíamos" explica. El dinero del rescate no se devuelve de forma automática. Las entidades tienen que pasar el famoso test de solvencia (stress test) del secretario del Tesoro, Tim Geithner. Los fondos se devolverán cuando Obama lo desee, sólo entonces se permitirá a las entidades operar de forma autónoma.
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