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El G-20 dijo No al proteccionismo, sin embargo muchos estaban practicándolo. Hoy se generalizó la situación. Muchos estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) "están sometidos a fuertes presiones para adoptar medidas proteccionistas". Al comienzo de este año parecía que la mayoría "habían resistido con éxito estas presiones.
Pero, desde entonces "se ha producido un deterioro significativo de la situación. Ha habido aumentos de los aranceles, se han adoptado nuevas medidas no arancelarias y se ha recurrido más a la aplicación de medidas de defensa comercial tales como las medidas antidumping".
Impacto de la crisis
Son palabras de Pascal Lamy, el director general de la OMC, recogidas en el informe encargado a la organización internacional en la cumbre del G-20 sobre el impacto de la crisis económica en las políticas comerciales.
Un informe remitido a los estados miembros, que no tiene efectos jurídicos, pero en el que se detallan las restricciones y barreras comerciales impuestas por la Unión Europea, Estados Unidos y otros 19 países: Argentina, Brasil, Canadá, China, Corea, Ecuador, Rusia, Filipinas, India, Indonesia, Japón. Kazajstán, Malasia, México, Nueva Zelanda, Paraguay, Turquía, Ucrania y Vietnam.
El aumento de los aranceles o la aplicación muy rigurosa de medidas antidumping son las mayoría de las prácticas denunciadas en el informe, aunque en el caso de Estados Unidos la OMC pone en tela de juicio a la Administración Obama por la Ley de Recuperación y Reinversión, que incluye dos disposiciones que obligan a que en la contratación pública se compren productos producidos en EE UU.
Obras financiadas
En concreto, una de las disposiciones cuestionadas exige que en las obras públicas financiadas con cargo a dicha Ley se utilice acero, hierro y productos manufacturados producidos en los Estados Unidos. La segunda obliga al Departamento de Seguridad e Interior a comprar productos textiles y prendas de vestir fabricados en EE UU.
Denuncia también Pascal Lamy al gobierno estadounidense por la imposición medidas antidumping y por la llamada ley Omnibus de Asignaciones, que establece que ninguno de los fondos habilitados por esta normativa podrán utilizarse para establecer o aplicar una norma que permita la importación de productos de aves de corral procedentes de China.
