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El gobierno peruano autorizó a las Fuerzas Armadas a intervenir en tres regiones del país, paralizadas por reclamos, mientras el primer ministro Yehude Simon inició una jornada de diálogo con los huelguistas en un intento por frenar las protestas sociales.
Un decreto gubernamental dispuso que el accionar del Ejército será en apoyo a la policía "y no releva la activa participación" de los militares cuyo objetivo es garantizar el funcionamiento de los servicios públicos afectados por "paros que impiden el desarrollo de las actividades".
La medida, que tendrá una duración de diez días, comprende a los departamentos de Junín (Andes centrales) y a los de Apurímac y Cusco (sudeste).
En paralelo el primer ministro Yehude Simon viajó este martes a ciudades surandinas con el objetivo de dialogar con los líderes de las protestas para encontrar una solución a sus demandas.
En la provincia de La Oroya, en Junín (200 km al este de Lima), unos 3.500 obreros de la minera estadounidense Doe Run iniciaron una huelga el lunes en protesta por la suspensión de operaciones de esa empresa.
Los trabajadores cortaron con troncos y piedras el tráfico en la carretera Central, que une la capital con la región centroandina y selva central del país.
Desde hace trece días las ciudades de Andahuaylas, en Apurímac, y Sicuani, en Cusco (a 950 y 1.100 km al sudeste de Lima respectivamente), se encuentran paralizadas, con corte de rutas, para exigir al gobierno atención a sus demandas regionales.
Este estado de convulsión contrasta con la normalidad en la ciudad nororiental de Bagua luego de que indígenas en huelga en la Amazonía obligaron al gobierno a retroceder la semana pasada y derogar leyes que, según los nativos, afectaban a sus tierras para favorecer a empresas extranjeras.
El estado de emergencia que se implantó en Bagua y otras localidades fue levantado por el gobierno este martes, una vez superada la crisis con los indígenas -la mayor en el gobierno del presidentre Alan García- que se saldó con enfrentamientos que dejaron 34 muertos.
Las actuales protestas en el centro y sudeste del país se iniciaron con el apoyo a los indígenas amazónicos pero luego derivaron en protestas regionales en demanda de atención a problemas agrarios, rechazo al otorgamiento de concesiones mineras y construcción de carreteras.
Simon encontró en Andahuaylas, una ciudad paralizada, con bloqueo de rutas y con la vía al aeropuerto también obstruida.
El primer ministro se reunió con unos 80 dirigentes con quienes llegó a un acuerdo para crear una comisión permanente con delegados de comunidades para canalizar las demandas de la zona.
"Hemos hecho lo más importante: conformar una comisión permanente y dialogaremos con ellos para que se rompa la mala práctica de que terceros hablen por los comuneros. Ahora la relación directa será con los comuneros", dijo.
El miércoles en la mañana el ministro viajará desde Andahuaylas a Sicuani para solucionar los reclamos de esa población, informó la televisora Canal N de cable.
Tras su viaje a ambas ciudades Simon acudirá al Congreso, donde enfrenta la posibilidad de ser censurado por la oposición, que lo acusa de ser responsable político de la crisis con los indígenas amazónicos.
La bancada del ex presidente Alberto Fujimori, que se considera aliada del gobierno, anunció sorpresivamente este martes que votará por la censura de Simon debido al "pésimo manejo de la crisis de Bagua", según informó la congresista Keiko Fujimori.
En el mismo sentido se han pronunciado el opositor Partido Nacionalista, de izquierda, y grupos independientes, mientras el bloque conservador Unidad Nacional aún no ha tomado posición.
La censura al primer ministro obligaría a la renuncia de todo el gabinete ministerial, según las leyes peruanas.
