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Líderes demócratas y republicanos del Senado de EEUU continúan hoy las febriles negociaciones sobre un plan de estímulo económico que supera los 900.000 millones de dólares y que ha desatado una lucha ideológica sobre posibles recortes. Los gobiernos locales y estatales también presionan al Congreso para que los políticos no se olviden de las precarias condiciones económicas que afrontan. Al menos 46 de los 50 estados de la nación afrontan crisis presupuestarios que los han obligado a despedir a empleados y recortar fondos para servicios sociales y obras públicas.
La Cámara de Representantes aprobó la semana pasada su propia versión del plan, pero en el Senado, que comenzó el debate el lunes pasado, los republicanos y algunos demócratas insisten en reducir el monto correspondiente al gasto fiscal. Aunque la meta es votar el plan de estímulo en el pleno del Senado incluso esta misma noche, tanto demócratas como republicanos distan mucho de lograr un acuerdo sobre dónde y qué fondos recortar del plan, según fuentes legislativas. De hecho, la mayoría demócrata del Senado suspendió anoche la votación del plan mientras un grupo bipartidista de 20 senadores moderados continúa negociando recortes por más de 50.000 millones de dólares. Ante esta situación, el líder de la mayoría demócrata, Harry Reid, ha dejado abierta la posibilidad de convocar una sesión especial este próximo domingo para llegar a un acuerdo y votar el plan. "Es importante que el Senado recorte algo de los excesos en el gasto fiscal de este proyecto de ley e incremente lo que sí puede estimular" a la economía, dijo hoy la senadora demócrata Mary Landrieu, que forma parte del grupo negociador. "Todavía queda mucho por hacer, pero seguimos logrando progreso en un acuerdo bipartidista que debe ser aprobado en el Senado", agregó. Landrieu defendió los más de 370.000 millones de dólares en recortes tributarios incluidos en el plan porque, a su juicio, "irán al bolsillo de las familias de clase media y pequeños negocios". La senadora de Luisiana insistió en que el texto final que apruebe el Congreso y envíe a la Casa Blanca -antes del próximo 16 de febrero- tiene que tener medidas para la creación de empleos, mejoras a la infraestructura y recortes de impuestos para las familias en todo el país. El tira y afloja entre los dos partidos también se produce mientras el presidente Barack Obama continúa presionando por la pronta aprobación del plan, ingeniado por su Gobierno para crear o preservar más de tres millones de empleos en los próximos dos años. "Es injustificable e irresponsable cerrarse en distracciones y retrasos mientras millones de estadounidenses pierden su trabajo", dijo Obama en la ceremonia de presentación de los 15 miembros del Consejo Asesor para la Recuperación Económica. Se prevé que el lunes próximo Obama anuncie un nuevo esfuerzo de su Gobierno por fortalecer los mercados crediticios, uno de los más golpeados por la crisis actual. Mientras, los gobiernos locales y estatales también presionan al Congreso para que los políticos no se olviden de las precarias condiciones económicas que afrontan. Al menos 46 de los 50 estados de la nación afrontan crisis presupuestarios que los han obligado a despedir a empleados y recortar fondos para servicios sociales y obras públicas. La Asociación Nacional de Gobernadores ha dicho que aún cuando buena parte del plan de estímulo económico que salga del Congreso caerá en manos de los gobiernos estatales, eso no será lo suficiente para resolver todos los problemas fiscales que los aquejan. Por otra parte, el Departamento del Trabajo dijo hoy que la tasa de desempleo en EEUU subió del 7,2 al 7,6 por ciento, su nivel más alto desde 1992, con una pérdida de 598.000 empleos en enero pasado. Las pérdidas de empleos afectaron a casi todos los sectores de la actividad económica, desde los medios de comunicación a la construcción, desde la manufactura al comercio minorista, el transporte y los servicios financieros.
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