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El Tesoro británico y el Lloyds Banking Group podrían cerrar hoy el acuerdo por el que el Estado garantizaría 258.000 millones de libras (281.000 millones de euros) de activos tóxicos del banco y con el que aumentaría su participación al 70%. Por su parte, se calcula que el Gobierno alcanzaría el 60%, y también dice que garantizaría los activos del banco.
Tal y como afirma el hoy el Financial Times, las negociaciones sobre la inclusión de Lloyds Banking Group en el Programa de Protección de Activos del Gobierno británico estarían avanzadas y contarían con autorización del ministro de Economía, Alistair Darling, para asegurar activos de dudoso cobro por valor de 258.000 millones de libras.
La mayor parte de estos activos tóxicos procederían de la cartera hipotecaria del HBOS, la entidad que el Lloyds rescató el pasado septiembre en una operación coordinada desde el Ejecutivo británico.
El acuerdo propuesto por el Gobierno al consejo de administración de la entidad exigiría el pago de un honorario a través de la emisión de acciones de tipo B -que no dan derechos de voto, pero sí se benefician del pago de dividendos-, con las que el Estado pasaría a controlar el 53% del Lloyds (LLOY.LO).
Asimismo, el acuerdo incluiría una cláusula en virtud de la cual las acciones preferentes que posee el Estado se transformarían en acciones ordinarias, lo que aumentaría la participación final hasta el 70%.
De producirse finalmente este hecho supondría un duro golpe para el presidente del Lloyds, Victor Blank, quien ha repetido en numerosas ocasiones que no desea ver que se aumente la participación del Estado en el banco más allá del 43% actual.
La semana pasada fue el Royal Bank of Scotland (RBS.LO) el que puso bajo protección oficial activos tóxicos por un importe de 325.000 millones de libras (364.000 millones de euros).
El pasado 19 de febrero el Ejecutivo de Gordon Brown anunció la puesta en marcha del Programa de Protección de Activos, una medida destinada a garantizar las inversiones y deudas tóxicas (títulos de bajo valor o créditos de difícil cobro) de las entidades financieras para que puedan reanudar los niveles normales de concesión de créditos.
Al acogerse al plan, los bancos deben informar al Estado de cuánto esperan perder por culpa de sus activos tóxicos y el Tesoro puede asegurar hasta un 90% de las pérdidas adicionales previstas.
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