6 mar. 2009

Estatizaciones en la cuna del capitalismo



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El gobierno de Gordon Brown no tuvo el menor escrúpulo en expropiar a los accionistas de los bancos desfondados, aun a pesar de las múltiples demandas judiciales a las que se verá enfrentado.



Los británicos han abierto camino: En la patria del capitalismo, en la tierra originaria del “liberalismo manchesteriano”, uno tras otro, los bancos han ido cayendo bajo control del Estado. Y no se adivina el final; la onda de la crisis crediticia sigue su curso de propagación. Precisamente un banco estatizado, el Northern Rock, con el que comenzó la danza en otoño de 2007, ha sido ahora el primero en volver a abrir la espita del crédito. La estatización, salvación del sistema bancario: ésa es la cuenta que parece echar el gobierno británico.

De lo bueno, lo mejor

Llegó tarde el cambio para Norhern Rock. La institución cayó ya en dificultades en septiembre de 2007. La primera gran carrera de depositantes desesperados por recuperar sus ahorros de un banco saltó a la primera plana de la prensa mundial. Sólo tras dudar durante meses, se apresuró el gobierno de Brown a estatalizar el quinto mayor banco hipotecario del país. El siguiente, en septiembre de 2008, fue Bradford & Bingley. La renombrada caja de ahorros inmobiliaria, con 2,7 millones de clientes, poseía hipotecas de alto riesgo –tranquilamente depreciables— por valor de 35 mil millones de libas esterlinas. Incluso procediendo a subastas forzosas, sólo podía salvarse una parte. De aquí que, desde comienzos de 2008, el banco perdiera el 93% de su valor bursátil, lo que obligó al Estado británico tomara el control del negocio hipotecario de Bradford&Bingley por 70 mil millones de libras esterlinas. La sección de ahorro del banco (20 mil millones de libras en 200 filiales) pasó por le ridículo precio de 600 millones de libras al gran banco español Santander, uno de los pocos que hasta ahora han salido ganando con la crisis.

A comienzos de 2009, el Estado tuvo que echar otra mano y tomar el control del grueso del otrora segundo banco de Gran Bretaña, el Royal Bank of Scottland. En buena forma de esta suerte, se puso entonces proa a la fusión forzosa de otros dos perdedores: el Lloyds TSB y el HBOS. El Estado acabó como propietario del 40%.

A comienzos de esta semana se hizo público el último plan de rescate del gabinete Brown. Ocho casas financieras –Abbey, Barclays, HBOS, HSBC, Lloyds TSB, Nationwide Building Society, Royal Bank of Scottland y Standard Chartered; de lo bueno, lo mejor– van a ser parcialmente estatalizadas, recibiendo un total de 50 mil millones de libras esterlinas en concepto de recapitalización. Huelga decir que una ayuda estatal forzosa de estas dimensiones, con miles de millones del sufrido contribuyente, favorecerá la aceleración artificial de un proceso normal en toda crisis financiera: la concentración del capital bancario.

Bancos hipotecarios como el Northern Rock y B & B han contribuido ciertamente a hinchar desapoderadamente la burbuja inmobiliaria, pero sólo discretamente se han involucrado en la especulación internacional con “productos financieros estructurados”. A diferencia de los bancos sólo dedicados a la inversión, pueden sentirse felices de disponer de millones de clientes y de miles de millones en depósitos de ahorro. Aun a costa de un terremoto financiero, el gobierno de los EEUU puede dejar caer a un banco de inversión como Lehman Brothers, pero en el caso de un banco comercial o hipotecario normal la cosa es muy distinta, sobre todo en un país como Gran Bretaña, en donde la mayoría de la gente es propietaria de vivienda.

La expropiación ineludible

Naturalmente, el Estado británico tiene que expropiar a los accionistas de los bancos cuyo control se dispone a tomar. En los hechos, eso no significa sino obligar a pagar a los propietarios de acciones, en vez de permitirles mantener los títulos y esperar a tiempos mejores. Los accionistas que pleiteen para conseguir del Estado una reparación de mayor cuantía para unos títulos que han perdido valor de mercado lo tienen difícil. Tendrán que hacer creíble ante tribunales que sus acciones podrían llegar a “valer” en el futuro mucho más de lo que valen hoy. Dicho de otro modo: tendrán que pleitear para que el Estado les pague por futuribles ganancias en cursos venideros de los mercados de valores.

La “pérdida de ganancias” es, ciertamente, un fundamento de demanda viable en el derecho civil, el cual, antes como ahora, reconoce al buen burgués un derecho humano a la ganancia especulativa, sean cualesquiera las circunstancias. En vez de hacer pagar a los accionistas, también se puede proceder a recortar sus derechos, por ejemplo, mediante una emisión masiva de las acciones preferenciales que compra el Estado (y eventualmente, vende). Tampoco le ha temblado la mano al gobierno de Brown ante esta maniobra, que, simplemente, queda la mar bien cuando se estataliza en masa a los bancos al tiempo que se proclama que se trata sólo de una “solución transitoria de emergencia”. Pero no lo es. Como enseña el caso de Northern Rock, el Estado británico se sirve ahora de su enorme influencia en el sector bancario para hacer que vuelva a fluir el crédito. Si esto funciona, ¿por qué debería soltar los bancos estatizados, esa excelente palanca para una política económica expansiva?

¿Y qué pasa con las plantas superiores del negocio? Si los bancos son estatalizados, los banqueros se convierten en empleados públicos. Su nuevo empleador no tiene, pues, que preocuparse de lidiar con los males de las bonificaciones y las exorbitantes remuneraciones. En los gloriosos tiempos de la especulación, los bancos de inversión fueron las estrellas pop de la Gran Bretaña, o los “amos del universo”, como se decía en los EEUU. Toda esa gloria dispensada a vulgares delincuentes se terminó. Para millones de pequeños propietarios de viviendas hipotecadas la estatización de los bancos viene, en cambio, como un destello de esperanza: porque el Estado británico, y particularmente el gobierno laborista, no puede permitirse un aldabonazo en la puerta de centenares de miles de hogares británicos para presentar una orden de ejecución hipotecaria. Michael Krätke - Freitag/IAR
Es miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, es profesor de política económica y derecho fiscal en la Universidad de Ámsterdam, investigador asociado al Instituto Internacional de Historia Social de esa misma ciudad y catedrático de economía política y director del Instituto de Estudios Superiores de la Universidad de Lancaster en el Reino Unido.

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