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EL PRIMER MINISTRO BELGA ESTA SERIAMENTE COMPROMETIDO EN LAS PRESIONES RECIBIDAS POR EL JUEZ Y LA FISCALÍA EN EL CASO FORTIS.
El Gobierno belga está, de nuevo, al borde del colapso, pero, por una vez, no se debe a las batallas entre francófonos y neerlandófonos, sino a la crisis financiera. La Justicia belga acusa al primer ministro, Yves Leterme, de presionar al tribunal que ha dado la razón a los pequeños accionistas de Fortis y ha suspendido la operación de compra del francés BNP Paribas, acordada por el Gobierno tras la nacionalización parcial de la entidad, contaminada por 'créditos basura' estadounidenses. La oposición pidió ayer la dimisión de Leterme, después de que él mismo reconociera "contactos" con la Fiscalía e incluso con la mujer del juez encargado del caso. Un asesor de su gabinete también está siendo investigado por haber presionado al magistrado en el expediente del mayor banco de Bélgica, además del principal empleador del país y una de las instituciones en la raíz del frágil Estado belga. Aunque los partidos de la coalición gubernamental siguen apoyando a Leterme, que ya ha sobrevivido a varias crisis de Gobierno y tardó más de nueve meses en lograr formar uno tras las elecciones de 2007, las acusaciones de la Justicia pueden precipitar ahora la salida del democristiano flamenco. El Tribunal de Casación, el último responsable para decidir sobre el desmantelamiento de Fortis, asegura que Leterme ha hecho "todo lo posible" por evitar que la Justicia se pronunciara en el caso de los accionistas, que quieren ser consultados sobre la operación de venta a BNP. Según una carta del presidente del Tribunal de Casación, Ghislain Londres, al líder del Parlamento belga, Herman Van Rompuy, Leterme ha interferido en sus funciones. La Cámara debatirá en la tarde del jueves la polémica en una sesión que se espera larga y agónica.
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