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EL ENOJO DE LA PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ CON LOS JUECES QUE ORDENARON LA LIBERTAD DE LOS ASESINOS DISPARÓ ALGUNOS RESORTES QUE POSIBILITARON LA SUSPENSIÓN.
Un fiscal que pidió suspender la liberación de represores encarcelados por delitos de lesa humanidad justificó su decisión el sábado diciendo que si quedaban en libertad podrían fugarse antes de ser enjuiciados. "Los delitos de lesa humanidad generan una situación muy especial y transforma a los involucrados en hechos agravantes", dijo el fiscal general de Casación Raúl Plée, aludiendo a los 17 represores que actuaron durante la dictadura militar (1976-83), entre ellos los ex marinos Alfredo Astiz y Jorge Acosta. "Por las características de las personas existe un mayor riesgo de fuga", agregó el fiscal a la radioemisora Mitre. Plée explicó que cuando presentó "el recurso" contra las liberaciones de los represores, automáticamente la Cámara Nacional de Casación Penal debió suspender la medida que había dictado el jueves último. El caso pasa ahora a manos de la Corte Suprema de Justicia, que debe rechazar o avalar la medida en una fecha no conocida aún. El argumento de los miembros del tribunal de liberar en principio a los represores fue que la prisión preventiva que cumplían superaba los tres años establecidos por la ley. Acosta estaba detenido desde agosto de 2001 y el resto de los ex marinos desde septiembre de 2003. La posterior suspensión llegó poco después que el gobierno anunciase que impulsaría el juicio político de los jueces que las habían ordenado. Los ex represores están imputados por los delitos de "imposición de tormentos en forma reiterada y privación ilegal de la libertad". También están implicados en otras causas por la desaparición del periodista y escritor Rodolfo Walsh, de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y el robo de bienes de desaparecidos, entre otros cargos.
EL ENOJO DE LA PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ CON LOS JUECES QUE ORDENARON LA LIBERTAD DE LOS ASESINOS DISPARÓ ALGUNOS RESORTES QUE POSIBILITARON LA SUSPENSIÓN.
Un fiscal que pidió suspender la liberación de represores encarcelados por delitos de lesa humanidad justificó su decisión el sábado diciendo que si quedaban en libertad podrían fugarse antes de ser enjuiciados. "Los delitos de lesa humanidad generan una situación muy especial y transforma a los involucrados en hechos agravantes", dijo el fiscal general de Casación Raúl Plée, aludiendo a los 17 represores que actuaron durante la dictadura militar (1976-83), entre ellos los ex marinos Alfredo Astiz y Jorge Acosta. "Por las características de las personas existe un mayor riesgo de fuga", agregó el fiscal a la radioemisora Mitre. Plée explicó que cuando presentó "el recurso" contra las liberaciones de los represores, automáticamente la Cámara Nacional de Casación Penal debió suspender la medida que había dictado el jueves último. El caso pasa ahora a manos de la Corte Suprema de Justicia, que debe rechazar o avalar la medida en una fecha no conocida aún. El argumento de los miembros del tribunal de liberar en principio a los represores fue que la prisión preventiva que cumplían superaba los tres años establecidos por la ley. Acosta estaba detenido desde agosto de 2001 y el resto de los ex marinos desde septiembre de 2003. La posterior suspensión llegó poco después que el gobierno anunciase que impulsaría el juicio político de los jueces que las habían ordenado. Los ex represores están imputados por los delitos de "imposición de tormentos en forma reiterada y privación ilegal de la libertad". También están implicados en otras causas por la desaparición del periodista y escritor Rodolfo Walsh, de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y el robo de bienes de desaparecidos, entre otros cargos.
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