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La operación para liberar a dos políticos prisioneros de las FARC en Colombia se reactivó el lunes después de que el Gobierno autorizó nuevamente a la senadora Córdoba a recibirlos, lo que puso fin a temores de que se frustrara la entrega pero provocó un retraso de la misión humanitaria. La operación proseguirá el martes. El pedido fue solicitado por La Cruz Roja y Uribe debió aceptar. El Presidente colombiano se molestó con el periodista Jorge Enrique Botero porque con un teléfono satelital hizo una nota en directo con el guerrillero Jairo de las Farc. Uribe dijo que eso fue "una exaltación del terrorismo".
fotos: Senadora Piedad Córdoba, y periodista Jorge Enrique Botero
La dilación en la entrega del ex gobernador del departamento del Meta Alan Jara, quien está en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se originó en los hechos confusos que rodearon la liberación el domingo de tres policías y un soldado. La misión humanitaria liderada por la senadora del Partido Liberal Piedad Córdoba denunció sobrevuelos hostiles de aeronaves militares en la zona en donde se produjo la entrega, versión que negó el Gobierno pese a que aceptó que hubo presencia de aviones de la Fuerza Aérea en la región. El presidente Alvaro Uribe había suspendido la participación de Córdoba en el proceso para la liberación de Jara y del ex diputado del departamento del Valle Sigifredo López, luego de que una misión también encabezada por la política permitió la entrega de los cuatro oficiales. El mandatario adoptó la decisión después de que un integrante de la misión que el domingo recibió en la selva a los cuatro efectivos de las Fuerzas Armadas llamó por un teléfono satelital a un canal internacional de televisión y puso al aire a un líder rebelde, a lo que se sumó un ataque de las FARC con un carro bomba en la ciudad de Cali. "El presidente de la República ha aceptado la solicitud del Comité Internacional de la Cruz Roja para que la senadora Piedad Córdoba acompañe a esta entidad en la liberación de los secuestrados. El Gobierno lo hace por solidaridad con las familias y los secuestrados", dijo un comunicado del Gobierno. Uribe llamó "exaltación del terrorismo" el comportamiento de Jorge Enrique Botero, el miembro de la misión que hizo la llamada, y advirtió que no permitirá que "el terrorismo haga fiesta con el dolor de los secuestrados" refiriéndose al ataque de Cali que dejó dos muertos y 33 heridos. El portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, Yves Heller, dijo que la operación se realizará lo más pronto posible y no el lunes como estaba previsto, aunque no suministró una fecha exacta.
MISION RETRASADA, SIGUEN CONTACTOS
"No va a haber una salida hoy (lunes), pero se va a hacer todo lo posible para que haya una salida lo más pronto posible", aseguró. "Estamos en contacto con la comisión, con el Gobierno, a través de nuestros contactos indirectos con las FARC, es un diálogo positivo, constructivo y vamos a hacer todo lo posible para llevar a cabo esas dos liberaciones", explicó. Los integrantes de un grupo de representantes de la sociedad civil al que pertenece Córdoba y al que las FARC se comprometieron a entregar los seis rehenes, celebraron la decisión del Gobierno de Uribe de autorizar a Córdoba. "Esto despeja el camino, esto abre el camino y lo único que queda es que se pueda cumplir con la misión", dijo el director del semanario Voz, Carlos Lozano. Las liberaciones se producen casi un año después de que las FARC entregaron a seis políticos en dos fases a una misión humanitaria liderada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Con las entregas, las FARC buscan ganar espacio político e imagen internacional. Los cuatro efectivos entregados, así como los políticos que serán liberados, hacían parte de un grupo de rehenes que las FARC buscan intercambiar por 500 rebeldes presos. Con esta operación humanitaria, que cuenta con el apoyo logístico y helicópteros de Brasil, la cifra de rehenes políticos en poder de las FARC se reducirá a 22. El Gobierno y la guerrilla mantienen posiciones radicales que han impedido poner fin al drama de los rehenes, algunos de los cuales llevan más de 11 años secuestrados en la selva en medio de un violento conflicto interno que azota al país. Las FARC exigen que Uribe retire sus Fuerzas Armadas de una región montañosa de 780 kilómetros cuadrados para establecer una zona de seguridad en la que sus delegados y los del Gobierno se reúnan a negociar un acuerdo de rehenes. Pero el mandatario, quien con el apoyo de Estados Unidos lidera una ofensiva militar contra la guerrilla, se opone con el argumento de que el grupo rebelde busca sacar ventaja de una zona estratégica para el tráfico de drogas y de armas.
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