Bolivia: comienza debate constitucional parlamentario sin acuerdos

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EL CONGRESO BOLIVIANO COMENZÓ LOS PRIMEROS CRUCES SOBRE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. EL DEBATE COMENZARÁ EL VIERNES, PERO NO EXISTEN CONSENSOS Y LA DISCUSIÓN COMENZARÁ SIN ACUERDOS CON LOS GOBERNADORES "OPOSITORES".

El Congreso Nacional inició un debate sobre el proyecto constitucional que el presidente Evo Morales busca llevar a referendo para su aprobación, pese al rechazo de la oposición regional autonomista. Morales se reunió el martes en la noche con el opositor Oscar Ortiz, presidente del Senado, y el oficialista Edmundo Novillo, quien dirige la Cámara de Diputados.
"El país necesita una concertación de lo que sería una constitución de unidad nacional, eso obviamente necesita la apertura de otros temas", dijo Ortiz en rueda de prensa el miércoles.
Pero Novillo se mostró más positivo y expresó que se puede llegar a "coincidencias" que permitan a ambos sectores aprobar de manera "concertada una ley de convocatoria al referendo". En tanto, el vicepresidente Alvaro García anunció que el debate sobre el proyecto constitucional será el próximo viernes. "Esto no significa que vamos a negociar la constitución", señaló García a los periodistas el miércoles. En la reunión se decidió abrir un dialogo sobre las observaciones al proyecto constitucional pero también se acordó continuar con el trabajo de las mesas de negociación sobre temas en disenso. Entre ellos figuran las autonomías que emprenden tres prefectos en sus regiones y el tema del impuesto hidrocarburífero perteneciente a las nueve provincias y que el gobierno tomó una parte para pagar un bono a los ancianos. Morales mencionó que en ambos temas hubo grandes avances. Pero los prefectos (gobernadores) opositores no están de acuerdo con el texto constitucional porque no se sienten representados con ese proyecto. Las autoridades regionales y el gobierno concluyeron con las negociaciones hace una semana en la ciudad central de Cochabamba sin la firma a un acuerdo que buscaba una salida a la prolongada crisis política de Bolivia debido a estas divergencias. Las negociaciones se desarrollaron bajo la mirada de observadores de la Organización de los Estados Americanos, la Unasur y la Unión Europea, así como delegados de instituciones nacionales. Los movimientos sociales seguidores de Morales anunciaron que marcharan hasta la ciudad de La Paz donde se encuentra el Congreso para garantizar la aprobación del referendo aprobatorio del texto constitucional el próximo 13 de octubre, informó el principal dirigente Fidel Surco.

Bolivia: separatistas no quieren firmar acuerdo

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LUEGO DE 10 HORAS DE REUNION CON LOS GOBERNADORES SEPARATISTAS NO HUBO ACUERDO Y NUEVAMENTE LOS "DISIDENTES" DE LA MEDIA LUNA GOLPISTA SE LEVANTARON DE LA MESA SIN FIRMAR NINGÚN DOCUMENTO.

El presidente Evo Morales y los opositores de las autonomías más ricas del país andino no han logrado cerrar tampoco hoy un acuerdo para superar la crisis política de Bolivia, si bien el Gobierno mantiene abierto el llamado "diálogo nacional".
Tras más de diez horas de reunión en Cochabamba (centro), los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca no firmaron el documento presentado por Morales para hacer viable la convocatoria del referendo constitucional y aprobar los avances conseguidos en las mesas técnicas del proceso de diálogo. El diálogo ha descarrilado tras 18 días de reuniones que quedaron interrumpidas la pasada semana por decisión de los autonomistas ante el clima de "persecución" al que están sometidos, según denunciaron. Todos los gobernadores opositores acudieron a la cita de este domingo, en la que Morales les presentó una propuesta de acuerdo que plantea aprobar el informe final de las dos mesas de trabajo sobre los principales temas de debate: la compatibilización de las autonomías que defienden los opositores con el proyecto constitucional del oficialismo y el reparto de las rentas petroleras. Las conversaciones son decisivas para el curso de la crisis política que atraviesa Bolivia, caracterizada por la confrontación entre la refundación constitucional que impulsa Morales y las demandas de autogobierno de varios departamentos del sureste del país. Este enfrentamiento originó tras el referendo revocatorio del 10 de agosto -donde Morales fue ratificado con un 67,4 por ciento de apoyo- una ola de protestas opositoras en varias regiones del país que reclamaban la restitución de las rentas procedentes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Bolivia se desangra

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LA CRISIS EN BOLIVIA ES MUCHO MAS COMPLEJA DE LO QUE PARECE.
El tribunal constitucional no funciona porque renunciaron 4 de 5 integrantes; el Parlamento está dividido, bloqueado y paralizado. Y el órgano Electoral dividido y parado. Existe racismo, y un trabajo Imperialista que exacerba los ánimos fascistas, golpístas y áutonómicos.
Un mes después de triunfar en las urnas en un referendo, Evo Morales, el primer presidente indígena que gobierna el país, afronta la mayor rebelión de regiones opositoras autonomistas, en otro capítulo de la crisis que mantiene en vilo a Bolivia, uno de las naciones más pobres del continente. Morales el 10 de agosto ganó con el 67% de los votos un referendo que lo ratifico en el cargo a él y a los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, todos ellos opositores y que, además, encaminan a sus regiones hacia una autonomía de facto. Lejos de dirimir la disputa política entre el proyecto izquierdista de Morales y la oposición conservadora, la consulta de agosto agravó la confrontación y los alentó a los adversarios del gobernante a avanzar en sus respectivos proyectos políticos irreconciliables hasta ahora. El mandatario convocó mediante decreto a otro referendo, posiblemente a fines de enero, para aprobar su proyecto de constitución, pero la Corte Nacional Electoral dijo que la convocatoria debe ser mediante ley del Congreso donde las fuerzas están divididas. Los líderes regionales anunciaron una resistencia a la pretensión del gobierno y anunciaron que seguirán adelante con su proceso de autonomía que el gobierno rechaza. De hecho el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas convocó a elecciones para constituir un legislativo regional, aunque la consulta también ha sido desautorizada. El martes estallaron incidentes en Santa Cruz cuyo detonante fue la demanda de las cuatro regiones para que el gobierno devuelva unos fondos de la renta petrolera que confiscó para pagar una renta a los ancianos. Pero el fondo de la disputa gira en torno al proyecto constitucional y la demanda autonomista que tiene amplio apoyo en las cuatro regiones. Morales ha dicho que busca "refundar el país" con una nueva constitución que otorga más poder a los indígenas, consolida las nacionalizaciones, limita la extensión de los latifundios y propone la reelección presidencial. En cambio, los proyectos autonomistas se acercan al federalismo, plantean una economía abierta y restan al gobierno central la capacidad para decidir sobre las tierras. En Santa Cruz y Beni están los mayores latifundios. En declaraciones públicas, las partes hablan de dialogar pero ninguna parece estar dispuesta a ceder en sus posiciones y ni los esfuerzos de la OEA y países amigos como Brasil, Colombia y Argentina lograron convencerlas a negociar. Una reciente encuesta de Naciones Unidas realizada después del referendo dijo que el 86% de los bolivianos está de acuerdo en que la disputa se resuelva mediante el diálogo.La crisis política se desató hace un año precisamente por el fracaso de la Asamblea Constituyente por concertar un proyecto constitucional de consenso. El que se aprobó no tuvo el aval del grueso de la oposición y las regiones opositoras lo rechazan. La disputa ha estado teñida de brotes de racismo contra indígenas y habitantes de occidente en regiones del oriente y sur dominadas por la oposición. Los sucesivos triunfos electorales que obtuvo Morales en tres votaciones desde su elección en diciembre de 2005, dejó en claro que el mandatario tiene amplio apoyo entre campesinos, indígenas y sectores empobrecidos de las ciudades incluso en regiones dominadas por los opositores. Pero, según analistas, el error del mandatario ha sido oponerse desde el inicio a las autonomías, que tienen un alto respaldo en aquellas regiones, y tildarlas, además, de separatismo. La batalla política ha afectado a instituciones vitales como el Tribunal Constitucional, paralizado por la renuncia de cuatro de cinco magistrados; la gestión legislativa está bloqueada por falta de acuerdos en el Congreso, y el órgano electoral está dividido. En el fondo la crisis boliviana es mucho más profunda y según los expertos está marcada por una crisis del estado y de la institucionalidad democrática así como por fuertes luchas regionalistas. Esa crisis que comenzó el año 2000 con una serie de revueltas populares provocó la caída en octubre de 2003 del presidente conservador Gonzalo Sánchez de Lozada tras la muerte de 63 civiles en protestas populares. Esa misma crisis permitió el ascenso de Morales desde las sindicatos cocaleros, pero el mandatario no siempre se ha caracterizado por el diálogo y la negociación en sus tiempos de líder sindical y tampoco parece estar dispuesto a renunciar a sus principios. Lo pronósticos más alarmistas dicen que la confrontación podría derivar en una guerra civil, pero los hechos han demostrado que el país aspira a salidas pacíficas. Cada vez que emerge una convulsión, las partes de repliegan. Bolivia tiene fama de país conflictivo y hasta en tono de broma se comenta aquí que las protestas son el deporte nacional, pero no tiene antecedentes de prolongada violencia, y proyectos subversivos fracasaron. La actual crisis llega en un momento de bonanza económica que no ha tenido el país en décadas. El gas natural, los minerales y la soya los principales productos de exportación tienen precios extraordinarios que han permitido al estado acumular reservas internacionales por más de 7.000 millones de dólares. La confrontación es también regional entre un oriente y sur ricos (Santa Cruz y Tarija) cuya base económica son los hidrocarburos y la agroindustria y un occidente (La Paz) en declive afincado en la minería. La oposición regional parece estar dispuesta inclusive a postergar su proyecto autonomista con tal de evitar la reelección por otros cinco años del presidente Morales que debe cumplir su gestión a finales de 2010.